miércoles, 23 de julio de 2008

Despedida y cierre

Hace ahora dos años visité por primera vez una bitácora en la que, según decían ellos mismos, querían saber toda la verdad sobre el 11-M; eran los momentos álgidos de las grandes acusaciones a las cloacas del Estado, de los contínuos insultos a cualquier nombre que apareciera en el recientemente publicado Auto de Procesamiento, de las más increíbles teorías sobre lo realmente ocurrido en los atentados del 11-M... Ilusionados por contribuir a destapar un nuevo GAL, mucho más cruel e indiscriminado que el de los años 80, y espoleados por la regularidad y constancia editorial de los agujerólogos, surgieron (y, lo que es más inaudito, se dio pábulo) las acusaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de haber organizado y ejecutado (directamente o a través de mercenarios) los atentados, de haber colocado los cuerpos congelados de unos cabezas de turco en un piso de Leganés para hacerlo estallar y colgarles, a través de autopsias falsas, los 191 muertos, de haber sembrado de pruebas falsas (la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo...) todos los escenarios investigados, de haber creado falsos personajes (como el de El Chino) para dar credibilidad a toda la farsa... Eran los momentos álgidos en los que se lanzaban acusaciones e insultos a quienes osaran entrar en aquella bitácora a defender la autoría islamista de los atentados.

Dos años después, aunque sólo residualmente, aun quedan en aquella bitácora quienes creen que El Chino no existió nunca, quienes ven en las Sentencias un respaldo a la ausencia de terroristas suicidas en Leganés, quienes dicen no saber qué estalló en los trenes o quienes concluyen que las Sentencias afirman que ni fue ETA ni fue el terrorismo islamista.

La dependencia ideológica de unos peligrosos terroristas

La dependencia ideológica respecto de los postulados defendidos por ETA es, en nuestro país, sinónimo de terrorista o, en todo caso, se asimila al terrorismo independentista vasco; así, los actos de terrorismo callejero, los actos en favor del entorno etarra o los entramados de financiación indirectos de ETA están completamente asimilados, incluso en los periodistas que han estado abanderando una supuesta superioridad moral en la lucha antiterrorista (como es el caso de Federico Jiménez Losantos o de Luis del Pino), al terrorismo de ETA. Cabría añadir, para tener todos los datos encima de la mesa, que fue justamente la AVT (la asociación de víctimas que se puso al servicio de los medios conspiracionistas para servirles de coartada moral en sus delirantes teorías) la que más presionó en su día para equiparar la kale borroka a actos de terrorismo etarra, aun cuando los grupos organizados a los que se les juzgara no tuviesen una relación jerárquica con la banda terrorista, sino una mera dependencia ideológica.

«La dependencia ideológica respecto de los postulados defendidos por Al Qaeda resulta asimismo del contenido de las reivindicaciones de la autoría de los actos terroristas y del resto del material incautado. Sin embargo no aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización, lo que permite establecer que la célula que operaba en Madrid, en la medida en que ha sido identificada, no dependía jerárquicamente de otra y por lo tanto puede considerarse a los efectos penales como un grupo u organización terrorista diferente e independiente» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, página 581).

Este párrafo, que bien podría estar referido (cambiando simplemente ETA por Al Qaeda) a cualquiera de los grupos organizados que cometen los actos de terrorismo callejero en el País Vasco, ha sido utilizado por la totalidad de los medios conspiracionistas como el ejemplo del fracaso de lo defendido por la fiscalía: no hay relación jerárquica con Al Qaeda y, por lo tanto, no puede saberse quién organizó o dio la orden de ejecutar el atentado.

Resulta una obviedad que un grupo organizado, independiente de cualquier otra organización, tiene sus propios líderes; que penalmente no haya podido plasmarse en una Sentencia el papel de todos y cada uno de sus miembros (porque siete se suicidaron y un número indeterminado consiguieron huir, por lo que no se les han podido imponer responsabilidades penales individuales) no puede ser un pretexto para interpretar que nadie ejercía el papel de líder. Para forzar esa interpretación es necesario argumentar, como hacen los medios conspiracionistas, que un Licenciado en Ciencias Económicas (El Tunecino) era un «fanático sin capacidad operativa alguna» (según el editorial de El Mundo del día 18), que el jefe de una banda de narcotraficantes y de venta ilegal de coches de gama alta (El Chino) era «un delincuente de poca monta» (también según El Mundo de ese mismo día, aunque Luis del Pino, en los días anteriores a la publicación de la Sentencia, se atreviese incluso a afirmar que ni tan siquiera llegó a existir nadie llamado Jamal Ahmidan) o, mejor aun, ignorar cualquier nombre que pueda resultar molesto para tal argumentación (como es el caso de Allekema Lamari, miembro del GIA argelino visto en los trenes -así se ratificó en el juicio por parte de dos testigos- y uno de los suicidas de Leganés, de quien los medios conspiracionistas se han olvidado por completo).

Pero todo esto resulta mucho más absurdo en un país en el que se juzgan contínuamente a grupos terroristas de los que nadie se ha preocupado por conocer quién era su autor intelectual; es decir, en un país en el que las quemas de autobuses en el País Vasco no tienen asociada ninguna orden por parte de ningún dirigente de ETA y en cuyos juicios ni tan siquiera existe una condena como autores por inducción.

Aun así, lo cierto es que la definición que utiliza el Tribunal Supremo para referirse a la célula islamista que cometió los atentados del 11-M es la misma que la utilizada tanto por la Fiscalía como por el juez instructor; una definición, por cierto, que ya se conocía en Abril de 2006, cuando se hizo público el Auto de Procesamiento (página 1.407 de ese Auto). Más de dos años investigando y hay quien todavía no ha llegado a esa página del Auto de Procesamiento.

Otra de las falacias preferidas de los autores conspiracionistas es afirmar, como hacía El Mundo en portada el pasado día 18, que sólo tres de los condenados lo han sido por el 11-M; no se sabe muy bien cómo encaja en esa afirmación la pertenencia o la colaboración del resto de condenados. El Supremo, como ya hiciera la Audiencia Nacional, no deja lugar a la duda.

«La gravedad de los hechos ejecutados por este grupo organizado y por quienes han cooperado con ellos resulta sin dificultad alguna del relato de hechos de la sentencia de la Audiencia Nacional. Asimismo, de la gravedad de esos hechos se deduce la extrema peligrosidad de quienes se han integrado en ese grupo, y también la de quienes le han prestado su colaboración conociendo a sus integrantes y sus ideas extremadamente radicales» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, página 581).

El sistema penal español incluye, para cada uno de los delitos por los que se pueda juzgar a un delincuente, distintas penas en función de la gravedad del delito; la integración en un grupo terrorista puede penarse desde 6 hasta 12 años, siendo las penas de 12 años las que corresponden a los integrantes de los grupos terroristas con hechos muy graves a sus espaldas; si un terrorista pertenece a un grupo que no ha cometido todavía ningún delito o si los atentados cometidos no son considerados graves, las penas siempre serán inferiores a esos 12 años. En el caso de la colaboración con un grupo terrorista estamos ante la misma tesitura, pues las penas van desde los 5 hasta los 10 años.

Han sido en total ocho los condenados por pertenecer a la célula islamista que cometió los atentados del 11-M (Jamal Zougham, Otman El Gnaoui, Abdelmajid Bouchar, Fouad El Morabit Amghar, Rachid Aglif, Mohamed Bouharrat, Saed El Harrak y Hamid Ahmidan) y dos más por colaboración con la misma (Emilio Suárez Trashorras y Rafá Zouhier); los otros dos condenados por integración lo han sido por su pertenencia a otras dos organizaciones terroristas con crueles e indiscriminados atentados a sus espaldas: el GICM (Hassan El Haski, en calidad de dirigente) y la misma Al Qaeda (Youssef Belhadj).

Si, como se empeñan en afirmar los medios conspiracionistas, los únicos condenados por el 11-M hubiesen sido Jamal Zougham, Otman El Gnaoui y Emilio Suárez Trashorras, nos encontraríamos, para el resto de condenados, con penas inferiores a los 12 años para los integrantes y a los 10 años para los colaboradores, pues formarían parte o habrían colaborado con un grupo terrorista sin hechos graves a sus espaldas; pero la realidad es bien distinta, y todos los integrantes y colaboradores han sido condenados a las máximas penas posibles (12 y 10 años, respectivamente). Como especifica de forma meridianamente clara la Sentencia del Tribunal Supremo, las penas máximas impuestas a los integrantes y a los colaboradores son acordes con los hechos ejecutados por el grupo terrorista al que pertenecían o con el que colaboraron; no es necesario tener muchas luces para saber por qué hechos se les han impuesto las penas máximas.

De todas formas, y como siempre hay algún despistado que se negará a aceptar este argumento, hay otra parte de la Sentencia que podrá servirnos para entenderlo mucho mejor con un ejemplo real: la reducción de la pena por pertenencia a banda armada (de 12 a 9 años) a Mohamed Larbi Ben Sellam:

«La mera pertenencia a una organización yihadista, sin más concreciones, no puede considerarse suficiente justificación para imponer la pena en su máximo legal. Es cierto que el recurrente mantenía alguna clase de relaciones con el grupo de personas que en la sentencia se vinculan a la ejecución de los atentados del 11 de marzo, pero en los hechos probados no se describe ningún acto de participación en los mismos, ni tampoco se establece su integración en el grupo terrorista que aquellos formaban, pues lo que ha quedado acreditado es su pertenencia a organización terrorista demostrada por sus actividades de proselitismo en relación a Mohamed El Idrisi y en la ayuda prestada a otra persona para que contactara con su familia antes de suicidarse en un acto terrorista. Sin embargo, sus acciones revelan un nivel superior en sus responsabilidades, pues se trata de una persona encargada de captar y adoctrinar a otros. En atención a todo ello la Sala entiende que la pena debe imponerse en el máximo de la mitad inferior, esto es, nueve años de prisión» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, página 694).

Utilizando el razonamiento inverso, podremos llegar a saber por qué al resto de condenados por pertenencia o por colaboración sí se les ha impuesto la pena en su máximo legal.

Las absoluciones

Respecto a las absoluciones del Tribunal Supremo, la de El Egipcio ha sido la que más repercusión mediática ha tenido; también es, curiosamente, la única absolución (la referente a su integración en un grupo terrorista) que no es tal, pues a efectos legales a El Egipcio no se le ha absuelto de su pertenencia a una organización terrorista, sino que no se le ha procesado, si bien hacerlo estaba en la mano de quienes recurrieron la aplicación del non bis in idem. Este es, sin duda, el mayor error cometido tanto por el Tribunal de la Audiencia Nacional (ya que debería haber incluido todas las pruebas que habían contra El Egipcio antes de entrar a valorar si debía aplicarse el non bis in idem) como por la fiscalía y el resto de acusaciones que presentaron recurso contra la Sentencia de la Audiencia Nacional:

«Dadas las circunstancias, hubiera podido plantearse la procedencia de devolver la causa al Tribunal de instancia para la valoración de la prueba practicada sobre los hechos concretamente imputados al acusado Rabei Osman, pero no existe en ese sentido ninguna petición expresa de las acusaciones» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, página 797).

La absolución de Basel Ghalyoun se basa en la insuficiencia de las pruebas de su integración como miembro del grupo terrorista, pues existe, según el Tribunal Supremo, otra posible explicación a las pruebas que se aportaron contra él:

«Es una persona de ideas radicales e incluso violentas, que se relacionaba con otras personas que sostienen ideas similares, lo cual, si bien debe ser claramente rechazado en nuestra sociedad y en cualquier otra caracterizada por un sistema de libertades, y puede constituir un conjunto de indicios que justifiquen una investigación e incluso la sumisión a alguna especie de control acerca de la progresión de sus actividades, no alcanzan el rango de pruebas bastantes para acreditar la pertenencia a una banda armada, a un grupo o a una organización terrorista, para lo cual es preciso, como ya se dijo, acreditar que de la mera forma de pensar se ha pasado a alguna forma de acción para hacerla efectiva por medio de la violencia o el terror. En el caso concreto, las pruebas disponibles no demuestran que integrara efectivamente el grupo terrorista que formaban, al menos, algunos de los ocupantes del piso de Leganés. Dicho de otra forma, los datos disponibles igualmente podrían significar que los miembros de la organización terrorista trataban de captar al recurrente y que, incluso, habían avanzado hacia la obtención de su objetivo, pero no demuestran que aquel hubiera aceptado sus propuestas y se hubiera integrado en el grupo» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, páginas 714 y 715).

Es el mismo caso de Mouhannad Almallah Dabas, quien regentaba la vivienda de la calle Virgen del Coro:

«Las pruebas valoradas por el Tribunal son útiles para acreditar en alguna medida la inclinación del recurrente hacia determinadas ideas violentas relacionadas con la imposición del pensamiento propio del islamismo radical, así como sus contactos, más o menos intensos, con otras personas que pudieran participar de las mismas [...] Tal como se argumentaba en el correspondiente motivo del anterior recurso de casación, los datos disponibles igualmente podrían demostrar que los miembros de la organización terrorista trataban de captar al recurrente, sin que se haya demostrado que lo hubieran logrado» (Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, página 718).

El resto de absoluciones han venido provocadas por la insuficiente motivación de las entradas y registros de los domicilios de Hamid Ahmidan (detenido el 26 de Marzo) y de Abdelilah El Fadoual El Akil (detenido el 2 de Abril), ambos del entorno de Jamal Ahmidan; en el primer caso, la policía solicitó la entrada y registro en sus dos últimos domicilios conocidos, considerando el Tribunal Supremo que la motivación para el registro de su anterior domicilio no fue suficiente (la policía tenía constancia de que, aunque lo seguía frecuentando -era la vivienda de Hicham Ahmidan-, ya no vivía allí, por lo que se requería una mayor motivación para la entrada en un domicilio que ya no era el suyo), dejando sin efecto las pruebas encontradas en su interior (las 125.000 pastillas de MDMA que sirvieron para condenarle a 13 años por tráfico de drogas muy dañinas para la salud) y manteniendo las que se encontraron en su último domicilio (la condena por tráfico de drogas se limita a 1 año al mantenerse como prueba los 300 gramos de hachís que se le encontraron allí, manteniéndose su condena a 12 años por su pertenencia al grupo terrorista). La insuficiente motivación de la entrada y registro al domicilio de Abdelilah El Fadoual El Akil ha supuesto también la anulación de las pruebas encontradas en su interior, de forma que el delito de colaboración por el que fue condenado se ha quedado con el único sustento del transporte de un Volkswaagen Golf del grupo terrorista (el utilizado para el traslado de explosivos) desde Madrid hasta Ceuta, no habiendo pruebas suficientes de que ese traslado se produjese con el único objetivo de ocultar el vehículo; otra de las pruebas anuladas por el Tribunal Supremo es un teléfono que se encontró en su domicilio (el 627373225, del que no se conoce su propietario) y que fue utilizado para contactar con El Chino y con Mohamed Oulad Akcha, lo que podría afectar a las investigaciones que siguen abiertas.

El delito de falsificación por el que se condenó a 2 años a Otman El Gnaoui queda también sin efecto al haberse encontrado la documentación falsa en el registro del anterior domicilio de Hamid Ahmidan, declarado nulo como se ha visto anteriormente.

La absolución de El Egipcio ha sido utilizada por los medios conspiracionistas como justificación a sus desmanes periodísticos de estos últimos cuatro años (como no hay inductores condenados, hay que buscarlos -y si es fuera del entorno islamista, mucho mejor-, de ahí que esté justificado todo lo que puedan escribir los investigadores independientes); a esa absolución (ya utilizada cuando se hizo pública la Sentencia de la Audiencia Nacional) se han unido las absoluciones de dos de los integrantes del llamado grupo de Virgen del Coro (Basel Ghalyoun y Mouhannad Almallah Dabas), que, según los conspiracionistas, era el único grupo verdaderamente islamista (los carnets de islamistas, por supuesto, los reparten a su antojo). Es necesario obviar (los conspiracionistas se han convertido en especialistas en obviar todo aquello que los tribunales han considerado probado), para ello, la pertenencia (y su correspondiente condena) de Fouad El Morabit Amghar -habitante de esa vivienda y quien ofreció refugio a Asrih Rifaat Anouar la misma tarde del 11 de Marzo tras haber recibido cuatro llamadas de Jamal Ahmidan- a la célula terrorista que cometió los atentados del 11-M, el hecho de que todos los habitantes de la vivienda tuvieran plenamente asimilados (aunque algunos no los hubiesen puesto todavía en práctica, lo que les ha servido para ser absueltos) los postulados defendidos por Al Qaeda o el hecho de que El Tunecino fuese uno de los habituales de esa vivienda; igualmente, es necesario obviar, para afirmar que este subgrupo era el único verdaderamente islamista de toda la organización, tanto las reivindicaciones de los atentados como el resto de material incautado en los diversos escenarios relacionados con el caso, así como la existencia de individuos como Allekema Lamari (miembro del GIA argelino y visto en los trenes) o Mohamed Bouharrat (que se dedicaba a recopilar información sobre posibles objetivos judíos en los que cometer futuros atentados y condenado por su pertenencia a la célula islamista).

¿Que se siga investigando?

Por supuesto que se ha de seguir investigando, pero partiendo de los hechos probados y no de las absurdas ocurrencias de unos manipuladores profesionales y sin escrúpulos. Seguir investigando es lo que han estado haciendo los jueces y la policía desde que se hizo público el Auto de Procesamiento, en Abril de 2006, para resolver todas las incógnitas que todavía quedan entorno al 11-M.

El 11-M es un caso cerrado en cuanto a su fundamentación inicial, que es la que se han negado a asumir desde siempre los medios conspiracionistas (ver a Luis del Pino, el pasado día 18 en El Mundo, afirmando que el Tribunal Supremo ha confirmado que el islamismo no tiene nada que ver con el 11-M): un grupo terrorista ubicado en Madrid, siguiendo las directrices ideológicas marcadas por Al Qaeda y ampliamente difundidas a través de Internet, decidió atentar indiscriminadamente tres días antes de las Elecciones Generales de 2004 en cuatro trenes de Madrid, llevándose por delante a 191 personas y dejando heridas a más de 1.800. Varios días después, con la amenaza de seguir realizando atentados en España, siete de los miembros de ese grupo terrorista fueron rodeados por la policía y decidieron inmolarse con la dinamita sobrante de los atentados de los trenes, llevándose por delante a un GEO e hiriendo a varios policías más.

Ocho de los miembros de ese grupo terrorista y dos colaboradores del mismo han sido juzgados y condenados, incluyendo al terrorista que colocó la bomba en el tren de Santa Eugenia y que mató a 14 personas, a uno de los terroristas que trasladó y ocultó el explosivo utilizado en los atentados y al suministrador de ese mismo explosivo.

Además de los siete terroristas que se inmolaron al verse rodeados, un número indeterminado de miembros del grupo terrorista consiguieron huir y no han podido ser juzgados todavía; entre ellos, como recordaba El Mundo el pasado día 19, Abdelilah Hriz (que será juzgado en Marruecos al haber sido detenido allí y no existir convenio de extradición entre ese país y España), Hicham Ahmidan (que también será juzgado en Marruecos por las mismas razones), Moutaz Almallah Dabas (que será el próximo juzgado por el 11-M en España al haber sido extraditado desde Londres en Marzo de 2007), Saad Huseini (sospechoso a quien se intentaron tomar muestras de ADN en Marruecos, aunque se negó), Said Berraj, Mohamed Afalah, Daoud Ouhnane y Mohamed Belhadj (estos cuatro en paradero desconocido y alguno de ellos, o incluso todos, posiblemente muertos en atentados suicidas en Irak).

Estas son las investigaciones que deben seguir su curso para intentar conocer toda la verdad sobre el 11-M; el resto, aunque puedan vender más en algunos sectores de la sociedad que no son capaces de asimilar los errores de algunos, seguirá dando los mismos frutos que hasta ahora: ninguno. Porque las posibles negligencias o errores policiales (que los hay, como es el caso de la ausencia de motivación suficiente en la entrada y registro de los domicilios de dos de los acusados) han de ser corregidos para evitar que se puedan volver a producir; pero eso, por mucho que aparezcan en relación con las investigaciones sobre el 11-M, no aclara nada sobre la organización interna de la célula terrorista ni sobre la ejecución de los atentados.

Querer conocer otra verdad no será nunca querer saber la verdad.

¿Se podrá mantener viva la teoría de la conspiración?

Por supuesto que sí; de hecho, El Mundo busca apoyo moral exterior ante la soledad interior. Pedro J. Ramírez y el resto de medios conspiracionistas necesitan encontrar algo (tras los fiascos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, pero también tras el fiasco del caso del ácido bórico -el Tribunal dejó claro que los superiores jerárquicos de la Policía Científica están habilitados para eliminar opiniones subjetivas y absurdas como las introducidas por Escribano y Cidad, aunque la forma elegida no fuese la más correcta- y tras la primera de las condenas a Federico Jiménez Losantos por injurias a Gallardón) para no quedar en el más absoluto de los ridículos a nivel internacional.

El día 19, El Mundo publicó un recopilatorio de lo que la prensa internacional había destacado, haciendo mucho hincapié en las absoluciones y, sobre todo, en la exculpación de todos los cerebros. Así, cita un artículo de The Times (firmado por Thomas Catan), pero obvia que en ese artículo se dice que el juicio estuvo acompañado de enconados enfrentamientos políticos y por una serie de teorías de la conspiración; cita un artículo del New York Herald Tribune (firmado por Dale Fuchs y también disponible en The New York Times), pero obvia que en ese artículo se dice que el juicio resucitó las teorías de la conspiración sobre la autoría de los atentados, con algunos políticos conservadores, algunos medios de comunicación y algunas asociaciones de víctimas intentando introducir la involucración del grupo terrorista vasco ETA, así como que el Gobierno del ex-Presidente José María Aznar culpó inicialmente a ETA por los atentados a pesar de las pruebas que apuntaban a un grupo de islamistas radicales marroquíes ubicado en Madrid, siendo la insistencia en aquella autoría la que, según muchos expertos políticos, hizo perder las Elecciones Generales al partido de Aznar días después de los atentados. El resto de artículos citados (de Le Figaro, de sus socios europeos Libération y The Guardian, de Le Monde, de la página web de la CNN y de la BBC -obvio las citas de Al Jazeera y del Asharq Alawsat, periódicos en árabe de los que no dispongo de traducción fiable-) ignoran por completo cualquier referencia a investigaciones periodísticas que hayan aportado algo, por mínimo que sea, a la causa.

En definitiva, lo publicado durante estos últimos cuatro años por los conspiracionistas, o bien es ignorado o bien es tildado, lejos de las pretendidas (y pretenciosas) investigaciones periodísticas que dicen publicar los medios conspiracionistas, de meras teorías de la conspiración.

Dejarse embaucar por las extravagantes ocurrencias de estos manipuladores es completamente libre; darse cuenta de sus manipulaciones, también.

P.D.: El Tribunal Supremo vuelve a respaldar jurídicamente, por enésima vez, la validez de la mochila de Vallecas («la falta de un inventario en la recogida inicial, puede quedar subsanada por el hallazgo de la mochila dentro de una de las bolsas junto con otros efectos de la misma procedencia»), de la Renault Kangoo, de las huellas, del secreto del Sumario, del desguace de los trenes, de la dinamita y los detonadores utilizados, de los teléfonos móviles como iniciadores, de los listados telefónicos... No es necesario explicar dónde han ido a parar las teorías de la conspiración, por mucho que algunos intenten subirla de nuevo a los altares.

blog counter