lunes, 5 de febrero de 2007

Prevaricaciones, peritos y ácido bórico

Se han publicado varias noticias estos últimos días relacionadas con el 11-M, todas ellas de cierto interés, aun cuando la mayor parte de ellas no ha merecido un espacio en la portada de El Mundo.

Garzón no prevaricó con el ácido bórico

El Tribunal Supremo, una vez más tras una denuncia de Manos Limpias acusando a un juez de prevaricación (en este caso le ha tocado el turno a Baltasar Garzón), ha vuelto a lanzar otro revés a El Mundo en su campaña de desprestigio hacia todo aquel que no se ha sometido sumisamente a su punto de vista: la Sala de lo Penal ha archivado la querella porque no se aprecia «una actuación arbitraria del instructor ni una decisión carente de motivación o un retorcimiento del Derecho ni, en suma, una resolución injusta por su evidente contradicción con el ordenamiento jurídico, que es lo propio del delito de prevaricación».

Las portadas y los editoriales de El Mundo en referencia a la actuación del juez Garzón en el caso del ácido bórico bien merecerían, una vez demostrado que El Mundo se equivocó y sobrepasó con creces los límites de la ética periodística, una referencia en portada asumiendo dicho error; pero como algunos consideran que no se equivocan nunca y no necesitan rectificar absolutamente nada, vamos a recordar esas portadas y esos editoriales.

El día que publicaba la noticia sobre la supuesta falsificación de los informes periciales (titulada «Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA» y publicada el 21 de Septiembre de 2006), El Mundo titulaba su editorial «Por la independencia judicial, por la legitimidad de las instituciones democráticas»; de la última parte de la frase ya di cuenta en este artículo y en otros posteriores. De la independiencia judicial, El Mundo se olvidaría 9 días más tarde, con una noticia de portada (titulada «Montaje de Garzón para criminalizar a los peritos que denunciaron la falsificación») y con un EditorialEntre la prevaricación y la trampa política») de un increíble cinismo y de una hipocresía extrema si tenemos en cuenta lo publicado sólo una semana antes.

Ni contaminados ni revocados

Tres de las defensas del 11-M solicitaron el miércoles la recusación de los dos peritos de la Policía Científica que han de realizar los nuevos análisis a los explosivos utilizados en el 11-M; como motivo, alegaron que ambos peritos estaban contaminados al haber sido nombrados por Miguel Ángel Santano (uno de los imputados por el caso del ácido bórico, que, por cierto, se ha quedado sin acusación particular al haber solicitado su archivo tanto la fiscalía como el Abogado del Estado).

La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió el jueves como no podía ser de otra forma: denegó la recusación, pues ni los peritos están encausados en ningún juicio ni Miguel Ángel Santano es culpable de nada mientras no haya una sentencia firme.

Algunos deberían ir tomando nota.

Ácido bórico

Respecto al caso del ácido bórico, es importante destacar que sólo será la acción popular la que seguirá adelante con la petición de penas a los mandos policiales; dado que la fiscalía y la acusación particular (el Abogado del Estado) han solicitado el archivo del caso y existe una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que ya se archivó una causa por haberse retirado (como en este caso) las acusaciones de la fiscalía y de la acusación particular, el Abogado del Estado ha exigido a la juez Gemma Gallego que archive definitivamente el caso, independientemente de que la acción popular siga adelante en sus peticiones de penas.

Archivar el caso, tal y como exige el Abogado del Estado, supondría la exculpación jurídica de los mandos policiales, pero no puede obviarse que sería un cierre en falso de cara a los medios que han promovido su culpabilidad; el archivo de la causa, aun siendo jurídicamente válido, supondría dar argumentos para criticar una supuesta colaboración entre jueces, fiscales y Abogado del Estado para echar tierra sobre un delito cometido por funcionarios públicos con cargos de responsabilidad. Además, justo por ser un caso en el que han intervenido funcionarios públicos, la petición del archivo del caso por parte del Abogado del Estado podría ser interpretado (en cierta manera con parte de razón) como un motivo de indefensión ante delitos cometidos por funcionarios públicos.

Por lo tanto, independientemente de lo que finalmente se decida por parte de la juez, la mejor solución (no jurídicamente, sino en relación con las teorías conspiracionistas) parece ser continuar adelante con el juicio.

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